Isaac Guerra
La destacada boxeadora profesional Danna Paola Maldonado, quien el pasado 2 de diciembre logró una victoria por nocaut en 45 segundos sobre Gloria Gallardo, se encuentra en medio de una controversia luego de que la Comisión de Boxeo y Lucha Libre de Playas de Rosarito, Baja California, revocara su triunfo sin otorgarle derecho de audiencia ni notificación, en violación aparente de los reglamentos establecidos.
Ante esta situación, Maldonado ha tomado medidas en busca de justicia y ha presentado una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el pasado 20 de este mes. Esta acción representa el primer paso en su defensa, aunque se espera que en los próximos días se tomen medidas adicionales para restablecer su victoria legítima.
La revocación del fallo sin otorgar a Maldonado la oportunidad de ser escuchada ha suscitado críticas y preocupación en la comunidad del boxeo, tanto a nivel nacional como internacional. El mánager de la boxeadora, Óscar Soberón, ha expresado que la decisión va en contra del contexto y reglamento, y ha señalado la injusticia de haberle arrebatado una pelea ganada de manera legítima.
Danna Paola Maldonado ha recibido un fuerte respaldo de diversos sectores del boxeo, lo que destaca la magnitud de la controversia. La comunidad espera que las medidas legales tomadas por la boxeadora lleven a una revisión justa y a la restitución de su victoria en el ring, en concordancia con los principios de equidad y transparencia que deberían regir en el deporte.
Esta historia en desarrollo refleja los desafíos que algunos atletas enfrentan en su lucha por la justicia y destaca la importancia de proteger los derechos de los deportistas en todas las instancias.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos:
Toda víctima y sus familiares tienen derecho a conocer la verdad de los hechos que originaron las violaciones a sus derechos humanos. Este derecho también corresponde a la sociedad en su conjunto, para saber la verdad de lo ocurrido y la razón y circunstancias que originaron los hechos, como una manera de coadyuvar para evitar que vuelvan a ocurrir.
El Estado tiene la obligación de esclarecer los hechos, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de violaciones de derechos humanos, así como garantizar el acceso a la información estatal al respecto, según lo prevean las leyes.