Isaac Guerra
El pasado sábado, Mexicali fue escenario de un evento de boxeo que quedó marcado por la controversia. Lo sorprendente es que la organización corrió a cargo de Edgar Mendoza y su empresa Cachanilla Promotions, una promoción que hasta ahora se había distinguido por su seriedad y capacidad para llenar recintos. Sin embargo, esta vez todo fue diferente.
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Videos del evento han circulado por todo México, mostrando situaciones inaceptables. Uno de los momentos más alarmantes fue una pelea en la que el boxeador vencedor vio caer a su rival desmadejado en la lona, incluso tardó cerca de 30 minutos en reaccionar. Se rumora que este último ni siquiera era el oponente original, sino un «cachirul» a quien le habrían cambiado el nombre de última hora. Aunque esto aún no está confirmado, la falta de transparencia genera dudas y preocupa a la comunidad boxística.
La situación no mejoró con el público. Durante otra pelea, se desató una inconformidad en un resultado en la que volaron objetos al ring y la transmisión captó a los comentaristas criticando el comportamiento de los asistentes. Aún más grave son los rumores sobre lo que ocurrió en los baños del recinto, donde presuntamente hubo consumo de sustancias prohibidas. Lo que lleva a una pregunta obligada: ¿Dónde estaba la seguridad? Todo indica que no hubo presencia policial en el evento.
Lo más sorprendente es que Orlando Castillo, un presidente de comisión reconocido por su mano firme y su compromiso con la seguridad de los boxeadores, permitiera que esto sucediera. Castillo ha construido una reputación de hierro en la regulación del boxeo y no es alguien que tolere irregularidades. Entonces, ¿qué pasó? Se habla de presiones políticas y de un regidor que, bajo el amparo de la alcaldesa, habría dado las «facilidades» para que el evento se llevara a cabo sin trabas.
De ser cierto, esto pondría en entredicho la autonomía de la comisión. Si Castillo se mantuvo en el cargo con la condición de permitir este tipo de anomalías, entonces su reputación podría quedar seriamente afectada. Sin embargo, hay quienes descartan la teoría de la corrupción, argumentando que Orlando es un abogado prominente que no necesita dinero de nadie.
Otra pieza clave en este enredo es la participación de No Boxing No Life, la empresa de Eddy Reynoso, quien llevó algunos peleadores al evento. Aunque su presencia no fue suficiente para invalidar la función, el verdadero problema fue la selección de los rivales, aprobada por la comisión. Ahí radica la interrogante: ¿Por qué Orlando permitió esto?
Ahí mismo, en redes sociales, hay quienes afirman que Cachanilla Promotions «le llegó al precio» a la comisión. No obstante, esto resulta difícil de creer si consideramos que Orlando Castillo proviene de una familia acomodada y ha construido una carrera que no depende de sobornos.
La gran pregunta es: ¿qué pasó realmente? ¿Fue una omisión, un descuido o realmente hubo presiones que hicieron tambalear una de las comisiones más sólidas del boxeo mexicano?
El boxeo en Mexicali está en una encrucijada. Lo sucedido en esta función pone en duda la credibilidad de quienes deben velar por el deporte. ¿Será este un caso aislado o el inicio de una nueva etapa donde las influencias políticas y los intereses privados pesan más que la ética? El tiempo dará la respuesta, pero lo que es seguro es que el boxeo no puede permitirse más escándalos como este.
